Mientras los partidos políticos de la Concertación se ponen de acuerdo en repatirse adecuadamente sus correspondientes cuotas de poder e, interesante, discuten sobre quién o quienes apoyan "más" a Bachelet, las responsabilidades administrativas del Servicio Médico Legal en la identificación de los restos de detenidos desaparecidos parecen una atrocidad difícil de digerir: como un herida cicatrizada con un solvente tóxico, el remedio resultó peor que la enfermedad.
En cuanto jamás se le permitió a las agrupaciones de víctimas influir en la ejecución de las políticas de reparación íntegra, con La Moneda a puertas cerradas y guanacos cada once, el hecho que el propio Estado no haya deseado tapar el hoyo y el consecuente escándalo pone a Bachelet a la altura de las circunstancias, lo que constituye un buen síntoma de los nuevos tiempos que encarna.
No es menor esbozar varias conclusiones derivadas de su comportamiento. Primero, lanza una condena velada sobre los ex-presidentes de la Concertación que tuvieron una política "a puertas cerradas" con los familiares. A partir de su reacción, Bachelet se anota su primer punto: el cumplir con su promesa inclusiva, con aquellos que fueron el leit motiv de la génesis de la oposición a Pinochet, el gran argumento en cada debate de transición, la palabra final. Segundo, genera apoyos transversales que le permiten, a fin de cuentas, obtener en la izquierda extraparlamentaria ciertos consensos que pueden ser importantes a la hora de pelear proyectos emblemáticos y; tercero, abre con más fuerza "las puertas de La Moneda" para aquellos escuchados, pero no considerados a la hora final.